EL MERCURIO
Martes 2 de Enero del 2007Schaulsohn y los límites de la crítica

CARLOS PEÑA G.

LA EXPULSION DE JORGE SCHAULSOHN

Se le reprochó haber manchado la honra de personas e instituciones, faltando así a su responsabilidad partidaria- plantea el viejo problema de los límites del discurso público y de los deberes del político.La democracia reposa sobre el diálogo y la crítica sin restricciones hacia el poder. Los ciudadanos no tienen otras armas que la palabra y el voto para castigar a quienes los defraudan o no están a la altura de los deberes que les han sido confiados. Por eso, nada puede serle reprochado a un ciudadano cuando sospecha del poder o ejerce la crítica vehemente. Incluso si se equivoca -porque atribuye conductas reprochables a quien no las ejecutó-, puede ser excusado.¿Es distinta la situación al interior de un partido? ¿Tienen los militantes deberes que les obliguen a cuidar sus palabras y a calcular las consecuencias de lo que dicen para evitar así dañar los intereses corporativos o el prestigio del partido al que pertenecen? En otras palabras, ¿fue correcto sancionar a Schaulsohn por haber dicho cosas que lesionan los intereses inmediatos del PPD?Me parece que el tribunal obró incorrectamente al sancionarlo. Castigar el discurso crítico contra la corrupción y en cambio ser benevolente con quienes ejecutan actos ilícitos -que es lo que ocurre en el PPD- no es razonable ni le hace bien, en el largo plazo, a la Concertación.Los militantes deben, sin ninguna duda, lealtad a las ideas que el partido promueve. Sería estúpido tolerar que un militante aspirara al poder mediante el PPD y, al mismo tiempo, desprestigiara las ideas que ese partido profesa. Equivaldría a aceptar la perfecta mala fe: aparentar creer en algo que uno desprecia.Pero es distinto el caso de los intereses del partido. Los militantes no se deben siempre a ellos. A veces lo que le conviene al partido (mantener los cargos, ganar la elección) está en conflicto con las ideas que profesa. Y en ese caso el militante debe escoger entre los intereses partidarios (v.gr. la conservación de los cargos en el Estado) o las ideas del partido (v.gr. la promoción de una ciudadanía activa y el control del poder).Eso es lo que le ocurrió a Schaulsohn. Puesto a elegir entre los intereses inmediatos del partido (evitar el desprestigio), por una parte, y las ideas que el partido promueve (la ciudadanía activa y el principio democrático del control del poder), por la otra, escogió estas últimas. No conocemos los motivos que tuvo y pudieron muy bien ser motivos egoístas; pero a la hora de evaluar su comportamiento no importan los motivos que lo animan, ni la historia que exhibe, sino las razones que existían para hacer lo que hizo.Y razones sí que había.¿Acaso la Concertación no ha andado a los tropiezos el último tiempo desde que, a punta de escándalos, se puso de manifiesto la incómoda relación entre el aparato del Estado y los partidos?Poner el dedo en esa llaga, lesiona, claro está, los intereses inmediatos del partido; pero fortalece las virtudes que el PPD proclama a los cuatro vientos. Y eso es lo que importa: que en el límite los partidos sepan obrar a favor de sus ideas incluso aunque ello vaya en contra de sus intereses.Por eso el tribunal obró mal al sancionar a Schaulsohn.Por eso también resulta absurdo elaborar argumentos ad hominem en su contra (que es lobbista y que era socio de Allamand) para hacer oídos sordos a lo que afirmó o sostener que debe ser sancionado porque sus palabras desprestigian a la coalición o porque no aportó pruebas que permitieran verificarlas o porque no presumió inocentes a quienes están imputados.No se puede aplicar esos estándares a la crítica política y al diálogo democrático. Sería el desastre. Los ciudadanos y los militantes perderían toda posibilidad de controlar el poder mediante la palabra.Y es que los políticos no son ciudadanos comunes y corrientes cuyo comportamiento público esté siempre protegido por la presunción de inocencia; ni las críticas de los militantes, acusaciones ante un tribunal que deban ser probadas al tiempo de formularlas; ni el debate político y la crítica vehemente, discursos que deben guardar las formas como si se tratara de un alegato judicial.Y los tribunales de los partidos tampoco son órganos de simple disciplina cuya principal función sea obligar a todos a mantener el paso. Su tarea consiste en cuidar que, a la hora de escoger, los militantes prefieran honrar las ideas que proclaman y no sólo los intereses que persiguen. Ésa es la única manera de ganar en el largo plazo. Justo lo contrario de lo que hizo el Tribunal Supremo.