LA CONCERTACION HA CAMBIADO A CHILE
CHILE NECESITA UNA CONCERTACIÓN QUE CAMBIE

La estabilidad política, social y económica de Chile sin duda son legados de los gobiernos concertacionistas en estas casi dos décadas, sin embargo así como la Concertación ha cambiado a Chile, Chile requiere que la Concertación cambie practicas que le permitan enfrentar el futuro político como una coalición más vigorosa y fortalecida.

La crisis al interior de los partidos políticos son señal de aspectos agotados en ciertas practicas políticas. Ayer fue el PPD y hoy la tensión radica al interior de la DC, lo que nos lleva a pensar sobre cierto agotamiento en la manera que nos relacionamos, cada vez más desbordando los limites tolerables de ciertas lealtades y principios concertacionistas. Es por ello que debemos transformar a la coalición en un espacio de real convivencia entre los militantes de los diferentes partidos constituyendo lugares comunes para la resolución de problemas que parecieran ser de dominio exclusivo de tensiones internas pero que desembocan en argumentos o actitudes que dañan el proyecto de coalición.

Se requiere una verdadera Institucionalidad Concertacionista para la construcción de un proyecto más colectivo que sea promovido desde la convivencia de las bases partidarias y donde las cúpulas y liderazgos se encuentren con instituciones que ejercen un control de sus actuaciones, para ello deberíamos contar con:

- un Tribunal Supremo Concertacionista que norme y sancione conductas que dañan la convivencia al interior del conglomerado
- una Comisión Política Concertacionista que multiplique los esfuerzos de las directivas partidarias para construir acuerdos que permitan ampliar el apoyo electoral así como mantener los necesarios equilibrios internos,
- un Consejo Nacional Concertacionista constituido por cientos de militantes de los diferentes partidos que fortalezca las redes de relaciones más allá del propio partido en el que se milita, podría ser una contribución importante para mantener un ambiente de armonía.

La reinvención de nuestra convivencia es un elemento fundamental para proyectar el éxito de nuestra coalición lo que ha permitido implementar mecanismos innovadores para ampliar la participación de la ciudadanía en los temas en que Chile se ha jugado su futuro y que tanto prestigio le ha dado en el mundo entero, tales como, la hazaña de derrotar la dictadura con un lápiz y un papel, pasando por la instauración de primarias voluntarias para elegir nuestro candidato presidencial y terminando por haber elegido la primera Presidenta en tiempos de liderazgo femenino, adelantándonos a países con larga tradición democrática como Estados Unidos y Francia por señalar algunos.

Un espacio natural donde debieran nacer estas propuestas es desde los partidos progresistas (PPD-PS-PRSD) que debieran asumir la tarea de elegir su pre-candidato presidencial bajo una primaria que comience a germinar la idea de un conglomerado con mayor vida entre sus bases partidarias y simpatizantes.

SERVICIO MUNICIPALES: UNA OPORTUNIDAD PARA APORTAR A UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Chile es reconocido como uno de los países con peor distribución de la riqueza y desde que el Presidente Lagos fue candidato con el lema Crecer con Igualdad que el tema ha pasado a ser consigna del discurso público, sin embargo cada vez que la concertación busca mecanismos para redistribuir mejor la riqueza nos encontramos con una derecha que levanta el discurso que tales medidas desincentivarán el crecimiento y es éste último el que nos llevaría a tal objetivo.

En poco meses más, la asociación de municipalidades será presidida por un alcalde socialista y quienes somos habitantes de Puerto Montt tendremos la posibilidad de compartir ideas para una nueva gestión. Es por ello que me anima proponer medidas de financiamiento municipal en áreas en que existe una altísima evasión de su pago como es el servicio de recolección de basura domiciliaria.

Los municipios deben contar con un instrumento mas eficaz para la recaudación del cobro de este servicio que además debiera considerar que el costo de recolección en sectores de mayor densidad de viviendas es menor que en aquellos donde las casas están mas alejadas unas de otras.

Un sistema efectivo de cobro pudiera ser en el mismo momento del pago de las contribuciones, donde se incluya el pago de los servicios urbanos que la vivienda requiere y que dicho monto sea proporcional al valor de la vivienda, estableciendo un arancel diferenciado de acuerdo al nivel socioeconómico de la familia, ya que sino nuevamente serían los que tienen menos recursos los que terminarían subvencionado a quienes tienen más.

EL MERCURIO
Martes 2 de Enero del 2007Schaulsohn y los límites de la crítica

CARLOS PEÑA G.

LA EXPULSION DE JORGE SCHAULSOHN

Se le reprochó haber manchado la honra de personas e instituciones, faltando así a su responsabilidad partidaria- plantea el viejo problema de los límites del discurso público y de los deberes del político.La democracia reposa sobre el diálogo y la crítica sin restricciones hacia el poder. Los ciudadanos no tienen otras armas que la palabra y el voto para castigar a quienes los defraudan o no están a la altura de los deberes que les han sido confiados. Por eso, nada puede serle reprochado a un ciudadano cuando sospecha del poder o ejerce la crítica vehemente. Incluso si se equivoca -porque atribuye conductas reprochables a quien no las ejecutó-, puede ser excusado.¿Es distinta la situación al interior de un partido? ¿Tienen los militantes deberes que les obliguen a cuidar sus palabras y a calcular las consecuencias de lo que dicen para evitar así dañar los intereses corporativos o el prestigio del partido al que pertenecen? En otras palabras, ¿fue correcto sancionar a Schaulsohn por haber dicho cosas que lesionan los intereses inmediatos del PPD?Me parece que el tribunal obró incorrectamente al sancionarlo. Castigar el discurso crítico contra la corrupción y en cambio ser benevolente con quienes ejecutan actos ilícitos -que es lo que ocurre en el PPD- no es razonable ni le hace bien, en el largo plazo, a la Concertación.Los militantes deben, sin ninguna duda, lealtad a las ideas que el partido promueve. Sería estúpido tolerar que un militante aspirara al poder mediante el PPD y, al mismo tiempo, desprestigiara las ideas que ese partido profesa. Equivaldría a aceptar la perfecta mala fe: aparentar creer en algo que uno desprecia.Pero es distinto el caso de los intereses del partido. Los militantes no se deben siempre a ellos. A veces lo que le conviene al partido (mantener los cargos, ganar la elección) está en conflicto con las ideas que profesa. Y en ese caso el militante debe escoger entre los intereses partidarios (v.gr. la conservación de los cargos en el Estado) o las ideas del partido (v.gr. la promoción de una ciudadanía activa y el control del poder).Eso es lo que le ocurrió a Schaulsohn. Puesto a elegir entre los intereses inmediatos del partido (evitar el desprestigio), por una parte, y las ideas que el partido promueve (la ciudadanía activa y el principio democrático del control del poder), por la otra, escogió estas últimas. No conocemos los motivos que tuvo y pudieron muy bien ser motivos egoístas; pero a la hora de evaluar su comportamiento no importan los motivos que lo animan, ni la historia que exhibe, sino las razones que existían para hacer lo que hizo.Y razones sí que había.¿Acaso la Concertación no ha andado a los tropiezos el último tiempo desde que, a punta de escándalos, se puso de manifiesto la incómoda relación entre el aparato del Estado y los partidos?Poner el dedo en esa llaga, lesiona, claro está, los intereses inmediatos del partido; pero fortalece las virtudes que el PPD proclama a los cuatro vientos. Y eso es lo que importa: que en el límite los partidos sepan obrar a favor de sus ideas incluso aunque ello vaya en contra de sus intereses.Por eso el tribunal obró mal al sancionar a Schaulsohn.Por eso también resulta absurdo elaborar argumentos ad hominem en su contra (que es lobbista y que era socio de Allamand) para hacer oídos sordos a lo que afirmó o sostener que debe ser sancionado porque sus palabras desprestigian a la coalición o porque no aportó pruebas que permitieran verificarlas o porque no presumió inocentes a quienes están imputados.No se puede aplicar esos estándares a la crítica política y al diálogo democrático. Sería el desastre. Los ciudadanos y los militantes perderían toda posibilidad de controlar el poder mediante la palabra.Y es que los políticos no son ciudadanos comunes y corrientes cuyo comportamiento público esté siempre protegido por la presunción de inocencia; ni las críticas de los militantes, acusaciones ante un tribunal que deban ser probadas al tiempo de formularlas; ni el debate político y la crítica vehemente, discursos que deben guardar las formas como si se tratara de un alegato judicial.Y los tribunales de los partidos tampoco son órganos de simple disciplina cuya principal función sea obligar a todos a mantener el paso. Su tarea consiste en cuidar que, a la hora de escoger, los militantes prefieran honrar las ideas que proclaman y no sólo los intereses que persiguen. Ésa es la única manera de ganar en el largo plazo. Justo lo contrario de lo que hizo el Tribunal Supremo.