EL COSTO DE NO DESCLASIFICAR LOS GASTOS RESERVADO

Cuando un gobierno se encuentra en la encrucijada de tener que decir la verdad en materias tan delicadas como los fondos reservados siempre será mejor enfrentarlo con claridad y transparencia absoluta, más aún cuando se trata de financiar un pilar importante de toda democracia como son los partidos políticos, mas allá de que el juicio de la ciudadanía pueda ser negativo en el momento de su anuncio, sin embargo lo que resulte de ese proceso siempre será mejor para los destinos de nuestra sociedad. Es por ello que debería existir la desclasificación de la nformación en materias como los gastos reservados.

No me consta pero intuyo fuertemente que parte de los gastos reservados han contribuido a tener partidos políticos sólidos en nuestro país, como también deben haber servido para implementar las políticas de pacificación de grupos extremistas que surgieron de la violencia dictatorial y que legítimamente no compartían con la democracia pactada que desde la concertación hemos impulsado.

El reconocimiento de estos hechos podrían efectivamente abrir un flanco de critica de la derecha, argumentando el desequilibrio que han provocado en las elecciones que se han celebrado con gobiernos de la concertación al mando del país, sin embargo se olvidan que hoy dichos gastos se han reducido de un 11% del presupuesto el año 1990 al 1% el año 2006, lo que refleja la política sistemática de los gobiernos concertacionistas de reducir gastos discrecionales de la autoridad para tener gobiernos más probos para Chile. También se olvida la derecha de que el año 1988 se duplicaron los gastos reservados presupuestados de 22 mil a 44 mil millones, coincidentemente con el año en que se celebraría el plebiscito donde se decidiría el destino de Pinochet. Esto como ejemplo de que ante la voluntad popular difícilmente gastos que hoy se han reducido al mínimo podrían influir ante el veredicto ciudadano.

Si algún gobierno decidiera desclasificar los gastos reservado la clase política se vería en la obligación de legalizar un mecanismo de financiamiento de los partidos políticos y una sociedad que terminaría por aceptarlo.

Dicha reflexión ha alcanzado alta publicidad producto de que se ha instalado el tema por parte de dirigentes como Jorge Schaulsohn, que independientemente de sus intereses y la errática forma de su planteamiento ha recibido la máxima sanción que un partido político pueda establecer a uno de sus integrantes habiendo perdido éste la oportunidad de exigirle toda la información que disponía para esclarecer y enmarcar hechos que hoy tienen una connotación corrupta mayor a la real, sembrando un manto de duda al hablar de una ideología de la corrupción. Así el PPD perdió junto a la información que tiene Schaulsohn una oportunidad de hacer una real contribución a un debate serio y con altura de miras con respecto a la necesidad de financiar uno de los principales pilares de toda democracia moderna y hoy vilipendiados Partido Políticos.